No pensaba seguir escribiendo sobre la impunidad en esta semana; sin embargo, la reciente resolución del Tribunal Constitucional (TC), que ordena suspender todas las investigaciones judiciales contra la señora Dina Boluarte hasta el término de su mandato en julio de 2026, me ha motivado a seguir en este tema. Varios constitucionalistas (muchos de ellos vinculados laboralmente al Ejecutivo) erróneamente señalan que esto se trata de una cuestión estrictamente legal, olvidando que lo que está en juego no es solo la interpretación del artículo 117 de la Constitución, sino la legitimidad del sistema democrático, la autonomía de las instituciones y el derecho de la ciudadanía a exigir rendición de cuentas.
El argumento central del TC es que las investigaciones interfieren con la capacidad de Boluarte para gobernar. Esta afirmación, más que jurídica, es política: presupone que el ejercicio del poder debe estar libre de escrutinio mientras se ostenta el cargo. Pero ¿quién define qué tipo de investigación “obstaculiza” el gobierno? ¿Y desde cuándo la inmunidad se convierte en impunidad? Acaso La Fiscalía le ordenó a Boluarte aceptar relojes y objetos de lujo como regalos, o abandonar el cargo para someterse a una operación estética. Mucho menos le dijo que ordenara la represión violenta que dejó decenas de muertos en las protestas del inicio de su mandato. Estas decisiones y otras más fueron tomadas desde el Ejecutivo, y como tales, deben ser investigadas por las instancias correspondientes. Pretender que el Ministerio Público está “politizando” su labor es una forma de deslegitimar el control institucional y blindar el poder. Por otro lado, es evidente que la autonomía del TC queda en entredicho cuando sus decisiones parecen alinearse con los intereses del Ejecutivo y de la coalición que ahora gobierna. En lugar de defender el equilibrio de poderes, se convierte en un actor político que interviene para blindar a Boluarte. Esta decisión reproduce una cultura de impunidad que, lamentablemente, ha marcado la historia reciente del país.
En este último año de gestión, con la impunidad que el TC le ha otorgado, so pretexto que no podía gobernar, solo cabe esperar que Boluarte ahora si gobierne adecuadamente: la inseguridad ciudadana se reduzca, la pobreza y desigualdad desaparezcan, la educación pública mejore, la economía crezca, los indicadores de agricultura, ganadería, pesca, minería, turismo y comercio se incrementen y nuestro país sea una potencia mundial.
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