Esta semana recordé a Émile Durkheim, destacado sociólogo francés, autor de importantísimas obras, entre las que destacan La división social del trabajo. Y me acordé de este autor, a propósito de la reciente ley de impunidad que la coalición mafiosa que nos gobierna desde el legislativo, con la complicidad del ejecutivo, han elaborado, aprobado y promulgado para evitar que los malos miembros de las fuerzas armadas sean investigados, juzgados y condenados por las violaciones a los derechos humanos que cometieron entre 1980 y el 2000.
En mencionada obra, Durkheim señala que hay dos tipos de derecho: el represivo, propio de sociedades premodernas, y el derecho restitutivo, propio de las sociedades modernas. Este último está orientado no al castigo, sino a la reparación de daños y al restablecimiento de relaciones sociales previas al delito. Las normas restitutivas, señala Durkheim, permiten que la sociedad funcione de manera coordinada, respetando la diversidad de funciones y roles. Para el sociólogo francés, el derecho restitutivo cumple una función esencial: reafirmar la conciencia colectiva mediante el castigo de conductas que violan las normas fundamentales compartidas por la sociedad. Estas sanciones no solo buscan castigar al infractor, sino también restablecer el orden moral y fortalecer la cohesión social. Sin embargo, cuando se produce impunidad, es decir, cuando un delito grave no recibe sanción, esta función se ve interrumpida y debilitada y, como consecuencia, se debilita la cohesión moral. Esto se debe, principalmente a que la sanción tiene un carácter simbólico: expresa el rechazo y repudio colectivo frente al delito cometido. Si no hay sanción, la sociedad no puede reafirmar sus valores compartidos, lo que genera una sensación de injusticia y desprotección. Cuando al sistema judicial no se le deja cumplir su función sancionadora, todo el aparato estatal es percibido como ineficaz o corrupto, lo que conlleva a la pérdida de legitimidad del Estado y a la aparición de mecanismos informales de justicia, como por ejemplo el ajusticiamiento popular.
En teoría, la impunidad no necesariamente es mala; siempre y cuando la sociedad perciba que responde a valores superiores (como la reconciliación o la justicia restaurativa); en ese contexto, puede reforzar la solidaridad. Lamentablemente, este no es el caso y en la práctica lo que todos vemos es que la coalición mafiosa en el poder ha querido congraciarse con el sector que le ha dado estabilidad los últimos 3 años: las Fuerzas Armadas y la Policía. Mientras tanto, la población se ve cada vez menos protegida por el Estado, que ha sido tomado como un botín.
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