La neutralidad electoral no es una formalidad legal, es el pilar que garantiza que todos los competidores en una elección tengan las mismas oportunidades. Cuando una autoridad electa utiliza su cargo, recursos públicos o imagen institucional para favorecer a un partido o candidato, no solo viola la ley: traiciona la confianza ciudadana y debilita la democracia.
En el marco de las Elecciones Generales 2026, informes de los Jurados Electorales Especiales han señalado a 13 congresistas por presuntamente vulnerar este principio. Entre ellos figuran Cheryl Trigozo Reátegui, Edgar Tello Montes, Esdras Medina, José Luis Elías Ávalos, José Luna Gálvez, así como los legisladores de Perú Libre María Agüero, Flavio Cruz, María Taipe, Kelly Portalatino y Segundo Montalvo. Las evidencias —fotos, videos, publicaciones en redes— muestran actos proselitistas, participación en mítines, difusión de propaganda y uso de eventos oficiales para promover a sus organizaciones políticas.
El patrón es claro: una línea difusa entre la función pública y la campaña electoral. Paneles con rostros y símbolos partidarios, marchas encabezadas en horario laboral, discursos con consignas políticas desde el Congreso y gigantografías con mensajes anticipando candidaturas. Todo ello constituye un uso indebido de la posición de poder para obtener ventaja en la contienda, desvirtuando la imparcialidad que exige la ley.
Si el Estado no sanciona estas prácticas de manera ejemplar, la neutralidad electoral se convertirá en letra muerta y los comicios perderán legitimidad. Defender este principio es defender el voto libre, la igualdad en la competencia y la estabilidad institucional. La regla es simple y debe cumplirse sin excepciones: quien quiera hacer campaña, que deje primero el cargo.
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