El Congreso volvió a poner sobre la mesa un tema que, más allá de lo jurídico, revela una tensión política profunda: la neutralidad electoral de los legisladores. Con 55 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, no se alcanzó la mayoría legal para aprobar la modificación del Reglamento del Congreso que permitiría a los parlamentarios expresar o defender posiciones políticas sin ser sancionados por infracción a la neutralidad.
La propuesta, impulsada por bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Honor y Democracia, buscaba incorporar un artículo 25-A al reglamento. Este habría otorgado mayor libertad de expresión política a los congresistas, siempre que no realizaran proselitismo durante las sesiones plenarias o de comisión, salvo con licencia sin goce de haber. En otras palabras, pretendía abrir un margen interpretativo que muchos consideran peligroso.
Los votos en contra, provenientes de Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular, argumentan que tal cambio abriría la puerta a un uso electoral del cargo, debilitando las reglas que buscan garantizar elecciones limpias y equitativas. Para estos grupos, la norma actual es una barrera mínima contra el aprovechamiento de recursos y exposición pública con fines partidarios.
La neutralidad electoral no es un capricho normativo, sino un principio que protege la competencia democrática. Relajarla en un contexto de alta polarización y desconfianza institucional podría agravar el escepticismo ciudadano frente a un Congreso que, ya de por sí, carga con una imagen deteriorada. La derrota de esta propuesta envía un mensaje claro: no todo vale en campaña, y el cargo parlamentario debe seguir sujeto a límites que eviten su uso como plataforma electoral permanente.
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