Lo que reveló Panorama no solo es conflicto de intereses, sino que exhibe de cuerpo entero el tipo de poder que se ejerce en silencio desde los pasillos de un ministerio que, irónicamente, tiene como misión proteger a los más vulnerables. Que el esposo de la ministra Fanny Montellanos, Eduardo Rodríguez Paz, haya sido señalado como responsable de la pérdida de más de medio millón de soles en donaciones, y que luego resulte absuelto por funcionarios que ella designó, es una bomba política que no debe quedar en la tibieza burocrática.
¿En qué clase de país vivimos cuando los informes oficiales identifican a un responsable de una pérdida de 358 000 prendas donadas a personas en situación de pobreza, pero todo el proceso termina en el archivo de Recursos Humanos, sellado con la venia de la Secretaría General? El silencio de Montellanos y su negativa a dar declaraciones solo alimentan la sospecha: aquí no hubo una investigación, hubo encubrimiento. Una red de favores disfrazada de procedimiento.
El Ministerio de la Mujer no puede convertirse en una agencia de impunidad doméstica, donde los errores graves se lavan con comunicados fríos y tecnicismos legales. La licencia sin goce de haber de Rodríguez no resuelve nada, ni borra su rol como jefe de almacén durante la pérdida. Más bien, confirma que la presión mediática obligó al ministerio a tomar distancia sin asumir culpa. Y lo peor: los más de 598 mil soles en bienes que desaparecieron jamás llegarán a quienes más los necesitaban.
En tiempos donde el discurso de transparencia es obligatorio, lo que este caso exhibe es un modelo de impunidad desde el corazón del Estado. El Congreso y la Contraloría no pueden mirar a otro lado. Que se trate de la ministra de la Mujer -una cartera que debe encarnar principios de ética y justicia- solo lo hace más grave. Si esto no tiene consecuencias políticas, lo que está en juego no son solo donaciones: es la poca fe que le queda al ciudadano en su Gobierno.
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