La muerte de Eliana Flores Romero en una clínica privada de Arequipa reabre una discusión incómoda, pero necesaria: ¿estamos garantizando condiciones mínimas de seguridad en la atención obstétrica, incluso en instituciones privadas? Más allá de los detalles específicos del caso, el hecho pone en agenda la urgencia de revisar la infraestructura, protocolos y capacidad de respuesta de clínicas y hospitales frente a emergencias postparto.
El testimonio del esposo de Eliana y la reacción de su familia han visibilizado una demanda social legítima: ninguna mujer debería morir al dar vida. Si una clínica carece de unidades de cuidados intensivos o protocolos de emergencia eficaces, la pregunta es directa: ¿está preparada para atender partos? Las condiciones sanitarias no pueden ser un privilegio. Deben ser un derecho básico garantizado para todas las madres, sin distinción de centro médico.
La maternidad sigue siendo un momento de riesgo en muchos contextos y es un acto importante que deben agradecer a las mujeres.
El Estado y las entidades privadas tienen la responsabilidad de asegurar servicios obstétricos con enfoque de calidad y dignidad. La fiscalización no debe activarse solo cuando ocurre una tragedia. Es necesario fortalecer las auditorías preventivas, exigir cumplimiento de normas técnicas y, sobre todo, priorizar la atención centrada en la paciente.
Mientras tanto, el caso de Eliana nos deja una lección profunda: más allá del dolor personal, hay una causa colectiva. Las voces que hoy exigen justicia también reclaman garantías para que ninguna otra familia atraviese la misma pérdida. La maternidad en el Perú no debe implicar temer por la vida. Debe implicar cuidados oportunos, personal capacitado y un sistema que responda con humanidad y profesionalismo.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
