Las recientes protestas vinculadas al conflicto minero desencadenaron un nuevo capítulo de pérdidas en el país, esta vez golpeando directamente al ya debilitado sistema de salud. El bloqueo de vías en diversas zonas del sur peruano dejó varados a trabajadores sanitarios que, ante la imposibilidad de avanzar en vehículos, se ven obligados a caminar durante horas para cumplir con sus turnos. Esta situación no solo pone en riesgo la atención médica, sino que además expone al personal a condiciones físicas extremas y psicológicas de alta presión.
Testimonios recogidos en la región Arequipa revelan que enfermeras, médicos y técnicos deben emprender largas caminatas en terrenos escarpados y con escasa señal de comunicación, lo que dificulta su llegada puntual a hospitales y centros de salud rurales.
Esta realidad se suma a una cadena de precariedades históricas que afectan al sistema sanitario peruano, como infraestructura limitada, escasez de insumos y bajos salarios. La coyuntura minera ha desnudado con mayor crudeza estas falencias, provocando que centros de atención reduzcan servicios y operen bajo mínima capacidad. En algunas localidades, el personal tuvo que improvisar campamentos cercanos para no depender del transporte, sacrificando su bienestar y seguridad.
Frente a este panorama, los gremios del sector salud instaron al Ejecutivo a tomar medidas urgentes. Solicitan corredores humanitarios para permitir el paso del personal médico y garantizar el abastecimiento de medicamentos. Mientras tanto, miles de peruanos enfrentan una doble vulnerabilidad: la imposibilidad de acceder a atención básica y la incertidumbre generada por una crisis que parece prolongarse sin solución clara.
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