Hace doce días se cerró el último eslabón de una crisis política que ya suma casi una década. Hoy tenemos un octavo presidente en Palacio. Faltan 41 días para el inicio de un nuevo proceso electoral. Conviene detenernos y revisar el origen. No basta con enumerar renuncias, vacancias y disoluciones. Hay que contrastar cronologías legislativas, coberturas periodísticas, informes académicos y reportes internacionales para reconstruir la cadena de responsabilidades.
El punto de quiebre se sitúa tras las elecciones de 2016. Fuerza Popular obtuvo 73 de 130 escaños. Esa mayoría absoluta pudo ser plataforma de estabilidad. Optó por el enfrentamiento. La censura al ministro Jaime Saavedra marcó el tono. El Congreso se convirtió en un espacio de desgaste sistemático. La oposición dejó de ser control político para convertirse en obstrucción.
La negativa a aceptar una derrota ajustada frente a Pedro Pablo Kuczynski consolidó una lógica de asfixia. La vacancia por “incapacidad moral” dejó de ser recurso excepcional. Se volvió herramienta recurrente. Pero el Poder Ejecutivo tampoco estuvo a la altura. PPK gobernó con minoría y sin alianzas sólidas. No anticipó la confrontación ni construyó puentes. Careció de operación política.
Su vínculo con el caso Odebrecht lo dejó sin respaldo moral. La revelación de pagos vinculados a consultorías debilitó su defensa. La negación inicial agravó el daño. El indulto a Alberto Fujimori fue un punto de quiebre. Generó protestas, renuncias ministeriales y mayor deslegitimación. La maniobra para sobrevivir aceleró la caída.
El trasfondo fue más profundo. El caso Lava Jato erosionó la credibilidad de casi toda la élite política. Expresidentes investigados, empresarios procesados y partidos sin sustento ideológico consolidaron el descrédito. La fragmentación reemplazó a los partidos históricos. Dos bloques enfrentados interpretaron la Constitución con criterios utilitarios. La lógica amigo-enemigo sustituyó la deliberación.
Algunos sectores de la prensa y de la sociedad civil cumplieron un rol fiscalizador indispensable. Sin embargo, la presión mediática constante impidió salidas negociadas. La presunción de inocencia no siempre se aplicó al mismo estándar. El telón de fondo es la Constitución de 1993. Fue impulsada tras el quiebre institucional de 1992. Diseñó un Congreso con fuertes herramientas de control y un Ejecutivo con escaso margen político, salvo la disolución.
Ese diseño fomentó el choque. La interpelación y la vacancia quedaron abiertas a amplia interpretación. La disolución congresal se convirtió en el recurso extremo. Así se configuró la espiral. Mayoría congresal confrontacional. Ejecutivo débil y golpeado por la corrupción. Sistema constitucional proclive al bloqueo. Ciudadanía desencantada.
La responsabilidad no es monocausal. Hay actores con mayor peso en el inicio. Hay omisiones decisivas. Hay una cultura política que normalizó el cálculo inmediato. A 41 días de elegir nuevamente, la pregunta no es solo quién gobernará. La cuestión es si aprenderemos de esta década. Sin ética pública no hay estabilidad. Sin respeto a las reglas no hay democracia. La verdad, aunque incómoda, es condición de reconciliación. Y la justicia, sin arbitrariedad, es la única base sólida para reconstruir la República.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
