Los números no engañan. El gobierno peruano gastó el 2024 un promedio de 6900 soles por cada uno de los 6.5 millones de estudiantes. Y 10 950 soles por cada uno de los 99 600 preso recluidos en alguna de las 68 cárceles.
Este tema no solo implica números. Desnuda parte importante de la realidad nacional, de nuestro subdesarrollo cultural, social y económico; de la ola delincuencial que se refleja en los 6 compatriotas asesinados diariamente, durante el primer trimestre de este año.
Este flagelo se profundizó cuando el pueblo eligió a Pedro Castillo y Dina Boluarte, si bien sus raíces son históricas. Son el fruto de ideologías, culturas y hasta religiones que fueron labrando un Perú racista, machista y clasista, sin siquiera pensar en el daño que hacían a las nuevas generaciones. El Perú de hoy es una lágrima generada por nuestros abuelos.
En los años 50, recuerdo haber presenciado la existencia de una cultura en la población autóctona, rescatable en valores. Sin llegar a escalones depurados, en esos pueblos había respeto, conciencia y honor. Lástima que, para entonces, solo el 85 % de sus varones adultos supieran leer y muy pocos, entender. Y el 94 % de mujeres adultas fuesen analfabetas.
Y en el Arequipa de esa década, las 4 comisarías existentes atendían faltas menores. Los términos sicariato, extorsión o secuestro, no estaban en el lenguaje del pueblo.
Pero en los años 60, el Perú ingresó al túnel de la fusión acelerada de dos grandes culturas, de dos grandes naciones: la autóctona y la no autóctona. Lo grave del proceso ineludible, fue que ningún gobernante ni pensador de la época, interpretó el proceso de transculturización. Salvemos, si quieren, de aquel mundo de mediocridad, a Fernando Belaúnde, Manuel Seoane y una decena más. Por ello el país lleva 6 décadas de proceso de transculturización enrevesado, cuando no violento, salpicado de graves y profundos resentimientos, de hondas diferencias sociales y económicas. Y lo que es peor, de una polarización cultural y educativa, tan delicada, que terminamos retornando al inicio de este artículo. Al gobierno le cuesta más dinero mantener un preso en una cárcel hacinada que a un estudiante en su escuela. Y la educación impartida por el estado, sigue siendo deficiente.
El 25 de noviembre de 2024, la presidenta Boluarte y sus ministros dieron el Decreto Supremo n.° 014 por el cual declararon en emergencia el sistema penitenciario nacional, durante 2 años. Otra negligencia del Gobierno, porque están a un mes y días de ser denunciados penalmente por el delito de incumplimiento de funciones, por lo menos, debido a que existe un fallo del Tribunal Constitucional, que desde mayo 2020 dispuso que en 5 años debe terminar el gravísimo hacinamiento que hay en 49 de las 68 prisiones del país. Consecuentemente, no podrán ingresar más detenidos en casi todos los penales del país. Pregunta de buena fe: ¿será por ello, que en el último trimestre sólo se han encarcelado a 13 delincuentes acusados de sicariato, extorsión, homicidio y secuestro?
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