Para recordar la importancia del proyecto más importante de la historia arequipeña, precisemos el contexto. En la provincia de Arequipa viven poco más de un millón cien mil personas y 320 mil adultos trabajan. El 9 de diciembre de 2010 el Gobierno Regional de Arequipa suscribió un contrato de asociación público-privada con la empresa española Cobra. Las partes debían invertir 550 millones de dólares para transformar 38 500 hectáreas de áridas pampas en un gran emporio de riqueza agroindustrial en el que debieran estar trabajando poco más de 200 mil personas.
Hoy sabemos que la joya más preciada de la corona está convertida en humo porque desde el 2010 los sátrapas y extremistas boicotearon sistemáticamente su ejecución.
Sustento lo dicho. Las aguas previstas para la irrigación discurren por el río Apurímac. Dirigentes de Cusco judicializaron un pedido para que un porcentaje de esas aguas a derivarse hacia el río Colca, se queden en la región. El Tribunal Constitucional apoyó el pedido, propiciando la disminución del caudal para Majes.
A consecuencia de ello, Cobra pidió variar el sistema de conducción y distribución de las aguas, para compensar el agua que debía quedarse en Cusco. Variaciones contenidas en la adenda 13 que implicaba un aumento de 104 millones de dólares.
De haberse suscrito en el 2018 esa adenda, el valor de la hectárea habría subido en 726 dólares. Hoy, una hectárea de la primera etapa de Majes se valora en 50 mil dólares. Pero los gobernadores Osorio y Cáceres Llica se negaron a firmar la adenda.
Cuando el gobierno regional fue presionado por el gobierno central y órganos de control, recién firmaron la adenda, en julio de 2022. Pero Cobra ya había anunciado que denunciaría el contrato por supuestos 25 incumplimientos del Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio de Economía. El 16 de octubre de 2024 la controversia pasó a manos de la corte de arbitraje internacional, CIADE, órgano del Banco Mundial. La demanda contempla una indemnización, algunos sostienen que es de 400 millones de dólares y otros, de 1400 millones.
El 3 de febrero el CIADE aceptó al salvadoreño Humberto Sáenz Marinero como árbitro de Perú. Majes Siguas se inició con la ley 18375, suscrita en nuestra plaza de Armas, el 21 de agosto de 1970. A los 55 años, el pueblo solo ve humo. Y muy negro, como la conciencia de los políticos que boicotearon este incomparable proyecto de desarrollo y vida para el pueblo de Arequipa.
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