El colapso del techo en el Real Plaza de Trujillo el pasado 21 de febrero, que dejó seis muertos y más de 80 heridos, no solo reveló fallas en la infraestructura del centro comercial, sino que puso en el ojo público a su propietario, Carlos Rodríguez-Pastor, el hombre más rico del Perú. La reciente investigación publicada en el semanario Hildebrandt en sus trece destapó que gran parte de su fortuna se encuentra distribuida en 41 empresas con sede en Panamá y Bahamas, territorios conocidos por sus beneficios tributarios para grandes fortunas.
Más allá del impacto mediático, lo preocupante es el modelo de negocios de ciertas élites económicas, que mientras expanden su influencia en sectores estratégicos como la banca, el retail y la salud, mantienen parte de su riqueza en jurisdicciones de baja tributación. Rodríguez-Pastor, a través de Intercorp, maneja empresas que controlan desde farmacias hasta supermercados y entidades bancarias, lo que le otorga un dominio económico significativo dentro del país. Sin embargo, la investigación sugiere que una porción considerable de sus activos se administra desde estos paraísos fiscales, lo que plantea interrogantes sobre su contribución fiscal real en el Perú.
El caso del Real Plaza de Trujillo añade un matiz aún más crítico. ¿Quién asume la responsabilidad de una tragedia que pudo evitarse? El alcalde Mario Reyna Rodríguez ha presentado una denuncia penal contra Rodríguez-Pastor y otros directivos de Intercorp por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. La caída del techo de un centro comercial con una afluencia masiva de ciudadanos es un hecho grave que demanda respuestas concretas sobre las condiciones de seguridad en los establecimientos de la corporación y el nivel de supervisión al que están sometidos.
En un país donde las grandes fortunas encuentran refugio en paraísos fiscales y las tragedias afectan siempre a los más vulnerables, es fundamental cuestionar el nivel de regulación y control sobre estos conglomerados. ¿Se les fiscaliza con el mismo rigor con el que se persigue a pequeñas empresas y ciudadanos comunes? La denuncia en Trujillo es un primer paso, pero la verdadera justicia radica en que estos casos no solo sean titulares de escándalo, sino el inicio de un cambio estructural que garantice responsabilidad empresarial y seguridad para la población.
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