El país soporta los índices de criminalidad y delincuencia más graves de su historia republicana, mientras el pueblo observa que los líderes de los tres poderes del Estado priorizan sólo sus intereses gremiales y personales.
El jueves pasado pasó por la guillotina del Congreso la décimotercera cabeza de un ministro del interior, desde que el profesor Castillo juró como presidente, el 28 de julio del 2021. Y pueda que con mucha razón. Pero tras bambalinas, las hordas delincuenciales gozan porque siguen ganando la batalla a la institucionalidad, a la gobernabilidad y al pueblo.
Quizá la receta para combatir a los delincuentes nacionales y extranjeros, con y sin corbata, la estemos viendo todos los días y no la ponemos en blanco y negro.
El primer golpe certero a la delincuencia debiera darlo la señora presidenta, nombrando de inmediato una comisión de juristas patriotas, probos y capaces, para que en 120 días elaboren anteproyectos conteniendo nuevos códigos Penal, Procesal Penal, de Ejecución Penal y Leyes Orgánicas del Ministerio Público y del Ministerio del Interior.
La necesidad pasa, por ejemplo, porque los 452 artículos contenidos en el Código Penal de 1991 han soportado en 34 años, más de 600 modificaciones sustanciales. Y porque sólo los delitos de robo y hurto, violaciones sexuales y tráfico de drogas generan la prisión del 67 % de los 99 600 encarcelados, a febrero de 2025, en nuestras 68 prisiones.
El tema de la delincuencia involucra a muchas leyes e instituciones. En el 2024, por ejemplo, la Policía detuvo a 362 262 personas. A la semana siguiente, un aproximado del 98 % retornó a las calles. Durante la semana pasada, los dardos lanzados entre el Ministerio Público, el Ejecutivo y el Congreso, sobre este tema, causaron oprobio en el pueblo.
Es importante resaltar que las causas principales no recaen en los líderes de estas entidades gubernamentales. Las originan leyes promulgadas en las 3 últimas décadas por autoridades socialistas y “humanistas”, que conceden libertad a los detenidos que demuestren tener trabajo, un domicilio o presumirse que recibirán condenas no tan elevadas.
Otra razón la encontramos en el hacinamiento de nuestras cárceles. Desde enero 2024 a febrero 2025 la población en las 68 prisiones del país se incrementó en 4689 personas, a razón de 11 presos por día. Imaginemos ¿qué sucedería si los jueces incrementasen el porcentaje de detenidos, ahora que el hacinamiento supera el 136 %?
Si los gobernantes no construyen rápidamente cárceles para cincuenta mil presos, si no se promulgan leyes que desaten las manos al poder judicial para encarcelar a los delincuentes que la Policía detiene, si no se concede presupuesto, logística, tecnología y capital humano de calidad al ministerio del interior, la delincuencia seguirá creciendo. El oro ilegal, el narcotráfico y la pobreza en un cuarto de la población, atizan la ola delincuencial.
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