El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) forma parte de las herramientas en el intento de regularizar la minería informal en el Perú. Sin embargo, su aplicación ha generado controversias, especialmente por la falta de una fiscalización efectiva que permita diferenciar a los mineros que buscan formalizarse de aquellos que operan al margen de la ley. A pesar de los diferentes esfuerzos, la informalidad sigue siendo un foco de problemas ambientales y sociales que requieren una intervención más profunda.
Uno de los impactos más graves de la minería informal es la contaminación ambiental. La falta de controles adecuados ha permitido que el uso indiscriminado de mercurio y otros químicos tóxicos afecte ríos y ecosistemas, poniendo en riesgo la salud de comunidades enteras. Sin una fiscalización estricta, la minería informal seguirá contribuyendo a la degradación ambiental, afectando no solo la biodiversidad, sino también la calidad de vida de las poblaciones cercanas a las zonas de extracción.
Además de los problemas ambientales, la minería informal está estrechamente vinculada a la trata de personas y la criminalidad. En diversas regiones del país, se han documentado casos de explotación laboral y tráfico de personas, especialmente en zonas donde opera sin restricciones. La ausencia de un control efectivo permitió a redes criminales infiltrarse en el sector, utilizando la actividad extractiva como fachada para delitos como el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Ante este panorama, es fundamental que el Estado refuerce los mecanismos de fiscalización y control en el sector extractivo. Ahora, a pesar del anuncio del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, de no ampliar el Reinfo para el próximo año, ya circula una moción de interpelación en su contra. Veremos qué más situaciones se presentan por esta polémica norma.
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