El último 16 de octubre la concesionaria Angostura S. A. (Cobra) comenzó el proceso de arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con lo cual se generan muchas dudas respecto al futuro del proyecto Majes Siguas II y que ha sido transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).
Aun con trámites administrativos para todo el traslado del proyecto al Gobierno central, la concesionaria ha iniciado esta disputa internacional como se observa en el portal del CIADI, bajo el caso N.º ARB/24/43, teniendo como representantes legales a Cuatrecasas y Abogados de Ávila & Abogados.
El consejero Miguel Ángel Linares ha señalado que el Gobierno central, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Gobierno Regional de Arequipa han mentido al pueblo arequipeño, debido a que presentaron la transferencia del proyecto como la gran solución e incluso señalaron que llegarían a un acuerdo con la concesionaria para evitar el conflicto.
Se sabe que la demanda es por más de 1400 millones de dólares contra el estado peruano y que ahora ya el Gobierno Regional de Arequipa solo es un espectador.
Por su parte, el gobernador Rohel Sánchez ha solicitado a la Concesionaria Angostura Siguas (Cobra) dar cuenta sobre qué pasó con 56 millones de dólares que fueron entregados por el Gobierno central para la ejecución de proyecto Majes Siguas II.
“Hemos solicitado reiteradas veces que haya una definición del tema, porque necesitamos que la concesionaria se pronuncie e informe en qué se invirtió los 162 millones de dólares que se le entregó como Gobierno peruano para la ejecución de obras y a simple vista no hay ningún avance en los trabajos. Hasta el momento solo justificaron una inversión de 106 millones de dólares y se desconoce dónde están los otros 56 millones restantes”, dijo la autoridad regional.
Recordemos que el Gobierno Regional de Arequipa, en setiembre de 2023, declaró la caducidad del contrato de concesión, ante el incumplimiento de siete puntos por parte de dicha empresa y de dar múltiples muestras de no querer ejecutar el proyecto.
Se sabe que el proceso de arbitraje podría durar dos años a más y que tras la convocatoria a nuevas empresas, licitaciones, tranquilamente podríamos llegar a 5 años con el proyecto paralizado; aunque claro esta también la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes en este arbitraje, eso si dudo que la empresa tenga buena voluntad o este dispuesta a perder dinero.
Lo que es innegable es que las autoridades le mintieron a Arequipa señalando que el destrabe pasaba por la transferencia del proyecto al gobierno central ya que hoy parece más lejos que nunca.
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