La reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte para aplicar la pena de muerte en casos de violación a menores ha reavivado el debate en el país. Sin embargo, implementar esta medida no sería tan sencillo ni inmediato. Para ello, el Congreso debería aprobar una reforma constitucional mediante dos legislaturas consecutivas o vía referéndum, además de denunciar del Pacto de San José de Costa Rica, un proceso que podría tardar entre tres y cuatro años, como nos recuerda el investigador Dante Zegarra.
El Pacto de San José, al cual Perú está adscrito desde 1978, prohíbe ampliar la pena capital a otros delitos más allá de la traición a la patria en caso de guerra. Para retirarse de este tratado, el país debe dar un preaviso con un año de anticipación y, tras la desvinculación, reformar la Constitución para incluir la pena de muerte en casos de violación. Posteriormente, se tendrían que modificar las leyes penales, lo que alargaría aún más el proceso.
Más allá del tiempo que tomaría, salir del Pacto de San José traería consecuencias graves. Varios especialistas advierten que los ciudadanos quedarían sin acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), instancia clave para la protección de los derechos fundamentales cuando el sistema judicial interno falla. En un país con antecedentes de violaciones a los derechos humanos, perder esta garantía representaría un grave retroceso.
Si bien la indignación ante el incremento de la delincuencia es comprensible, la pena de muerte no es una solución inmediata ni necesariamente efectiva para reducir la criminalidad. Además, su implementación podría vulnerar compromisos internacionales y afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Antes de impulsar medidas populistas, el debate debe centrarse en reformas estructurales que fortalezcan el sistema de justicia y la prevención del delito.
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