La decisión del presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, de solicitar el uso de la fuerza pública para reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación marca un punto crítico en la crisis de legitimidad que atraviesa el sistema judicial peruano. Más allá del acto en sí o que la anterior resolución de la JNJ legalmente permite restituir a Benavides, lo que está en juego es el principio de autonomía del Ministerio Público, que hoy se ve amenazado por una maniobra que bordea el quiebre institucional. El pedido a la Policía Nacional, realizado sin agotar los canales internos ni contar con el respaldo unánime del Pleno de la JNJ, pone en entredicho la separación de poderes.
El fondo de la controversia no es menor: Benavides sigue bajo investigación por presuntamente liderar una organización criminal, lo cual motivó su suspensión en 2024. Su restitución legal es su derecho, pero será forzada mediante el uso de la fuerza y representaría no solo una afrenta al debido proceso, sino un antecedente peligroso que abriría la puerta a politizar la justicia.
La fiscal Delia Espinoza, actual titular del Ministerio Público, por nada quiere irse, resalta su legímita elección y no obedece la orden legal y todo lo contrario advirtió que esta acción sería “ilegal e ilegítima”, lo que refleja el grado de descomposición que podría alcanzar el conflicto si no se actúa con prudencia y respeto al marco constitucional.
Lo que debería resolverse a través de actos administrativos fundados y decisiones colegiadas ha derivado en un choque de poderes en el corazón del sistema de justicia. La Junta de Fiscales Supremos cuestionó la legalidad del documento de restitución, alegando la ausencia de firmas del Pleno. Mientras tanto, la ciudadanía asiste a una escena donde la autoridad fiscal se disputa por decreto y sin consenso, alimentando aún más la desconfianza pública hacia las instituciones encargadas de garantizar la legalidad.
Este escenario exige respuestas jurídicas, políticas y éticas. Si el principio de autonomía del Ministerio Público se rompe hoy, mañana cualquier poder del Estado podrá hacer lo mismo. El costo de esta crisis será alto si no se reestablece el equilibrio institucional de inmediato.
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