“Todo el oro y cobre del Perú no generará verdadera prosperidad sin mejoras institucionales”. La advertencia de James Robinson, Nobel de Economía 2024, debería atronar en el Congreso. Es un anticipo de sentencia sino se cambia de rumbo.
Mientras el economista británico apunta al corazón del problema —la debilidad institucional—, el Congreso parece decidido a profundizarlo. Desde 2021 ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal negativo, 101 de ellas por insistencia, con un costo estimado de S/86 mil millones.
El dato, difundido por el Consejo Fiscal, no es una cifra abstracta: es el reflejo de una peligrosa deriva populista. La llamada “insistencia” se ha convertido en un atajo para eludir el control técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Comisión de Presupuesto. En la práctica, el Legislativo se ha atribuido la iniciativa de gasto, una facultad que la Constitución reserva al Ejecutivo.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha sido categórico: estamos “acabando el colchón de ahorros” y comprometiendo el futuro. Cada nueva ley de gasto sin fuente de financiamiento destroza la disciplina fiscal y coloca al país al borde de un déficit insostenible. No se trata de un debate ideológico, sino de una realidad contable: el presupuesto no resiste el ritmo de las decisiones políticas basadas en intereses inconfesables.
La irresponsabilidad tiene ejemplos concretos. Se han aprobado incrementos pensionarios sin reforma integral del sistema, subsidios sin focalización y alzas salariales sin una base presupuestal. A ello se suman iniciativas que alteran marcos legales en sectores clave —como minería o AFP— generando incertidumbre y frenando inversiones. Todo ello configura una derroche fiscal que socava la confianza y la estabilidad económica.
El cortocircuito institucional es evidente. El Congreso ha multiplicado por siete el uso de la insistencia entre 2021 y 2025, desbordando los límites de su competencia. Ante esta ofensiva, el recurso del MEF al Tribunal Constitucional no es solo legítimo: es indispensable. La defensa del principio de no iniciativa de gasto es, hoy, la última trinchera de la estabilidad macroeconómica.
El nobel Robinson tiene razón: la prosperidad no se construye sobre vetas minerales, sino sobre instituciones sólidas. Mientras el Congreso siga legislando al margen del rigor técnico y del equilibrio fiscal, el país seguirá cavando el pozo de su propia fragilidad.
El tiempo se agota. La disciplina fiscal no es un dogma, es una condición de supervivencia. Si queremos asegurar un futuro estable, se debe frenar esta sangría institucional y recuperar el sentido de responsabilidad que alguna vez distinguió nuestra política económica. De lo contrario, no habrá cobre ni oro que alcance para cubrir el costo de la demagogia, la política populista.
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