El Congreso aprobó elevar a S/ 3,300 la pensión mínima para los docentes cesantes y jubilados. El Sutep exige al Ejecutivo promulgar la norma sin observaciones. La dignificación, dicen, comienza ahora.
Más de 162 mil maestros retirados serían beneficiados. Docentes que dedicaron su vida a la enseñanza y que, en sus últimos años, sobreviven con pensiones de miseria que no alcanzan ni para lo básico.
Las cifras lo muestran con crudeza: un maestro en AFP puede recibir apenas 472 soles; en el sistema 19990, unos 800; y en el 20530, alrededor de 1100. Indignante.
La norma busca equiparar la pensión con el salario base de un docente en la primera escala magisterial. Un reconocimiento justo, tardío y necesario para quienes formaron a generaciones enteras con precariedad y sacrificio.
El problema surge en el Ejecutivo. El ministro de Educación, Morgan Quero, expresó su oposición al aumento, alegando falta de presupuesto para aplicarlo de inmediato. El mismo argumento de siempre cuando se trata de maestros.
Resulta curioso que los congresistas celebraran con euforia la votación, incluso con discursos de tono partidario. La aprobación es positiva, pero no exime al Parlamento de sus responsabilidades con el financiamiento y la sostenibilidad de la medida.
La realidad es clara: los docentes jubilados han sido relegados históricamente. Durante décadas, soportaron sueldos bajos en actividad y ahora reciben pensiones que condenan a la pobreza a quienes educaron al país.
La población deben entender que esta lucha no es un privilegio, sino un acto de justicia. El valor de un maestro no termina con la jubilación; su legado merece reconocimiento real, no discursos vacíos.
El Ejecutivo tiene la última palabra. Postergar la dignidad de los maestros jubilados sería repetir la historia de desprecio. Elevar las pensiones no es un gasto: es invertir en la memoria y la justicia.
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