Los resultados electorales siguen exponiendo una fractura que el Perú arrastra en décadas. No se trata únicamente de una división entre izquierda y derecha, entre cambio y continuidad, o entre regiones y capital. Lo que observamos es una sociedad que cada vez encuentra más difícil reconocerse como un proyecto común. La polarización no nació en esta campaña ni terminará cuando se proclame a un ganador. Es la consecuencia de una década marcada por la inestabilidad, la confrontación permanente y el deterioro de la confianza en las instituciones.
La crisis política que comenzó en 2016 parece haberse convertido en una forma de gobierno. Presidentes que no concluyen sus mandatos, congresos enfrentados al Ejecutivo, instituciones cuestionadas y una ciudadanía que vota más por temor al adversario que por convicción. En ese escenario, el debate público se ha empobrecido. En lugar de discutir soluciones a los problemas nacionales, se ha normalizado la lógica del enemigo político. Cada elección termina convertida en una batalla donde la mitad del país considera una amenaza a la otra mitad.
Lo más preocupante es que empiezan a aparecer discursos que cuestionan el valor del voto ciudadano. Unos desconfían de los votos del extranjero; otros descalifican a quienes viven en las regiones; algunos incluso sugieren que ciertas personas no deberían votar por su nivel educativo. Cuando una democracia comienza a jerarquizar ciudadanos según su origen, residencia o condición social, deja de fortalecer la representación y empieza a erosionar sus propios cimientos. La igualdad política es uno de los pocos principios que no admite excepciones.
El próximo gobierno enfrentará desafíos económicos, sociales y de seguridad, pero ninguno será sostenible si no logra reconstruir mínimos consensos democráticos. El Perú necesita recuperar la capacidad de dialogar sin descalificar, discrepar sin destruir y gobernar sin convertir cada diferencia en una guerra. La democracia no se desgasta sola; se debilita cuando quienes deberían protegerla la utilizan como herramienta de confrontación. Y esa es una responsabilidad que no recae únicamente en los políticos, sino también en una sociedad que debe decidir si quiere seguir dividida o empezar a reencontrarse.
