La decisión de la Corte Suprema que permite a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez ejercer su autodefensa en el caso de cohecho pasivo específico es un recordatorio de los complejos dilemas que enfrenta el sistema judicial peruano. Este fallo refuerza un principio básico de la justicia: el derecho a la defensa. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la percepción de independencia en un contexto donde las investigaciones involucran a figuras de alto perfil y acusaciones que golpean la credibilidad de las instituciones.
Es inevitable señalar que esta investigación no se desarrolla en el vacío. Vela y Pérez son dos figuras centrales en los casos Lava Jato y Odebrecht, que han sacudido las estructuras políticas y económicas del país. Por ello, las acusaciones en su contra, aunque aún preliminares, tienen un impacto simbólico que va más allá de los aspectos legales. La figura de Jaime Villanueva como testigo clave, con sus declaraciones cuestionadas, pone en evidencia la necesidad de procesos que no solo sean justos, sino que también sean percibidos como transparentes por la ciudadanía.
Además, crecieron cuestionamientos contra ambos fiscales, especialmente por los tiempos prolongados en la ejecución de sus investigaciones. Mientras tanto, los procesos se alargan, y la justicia, en lugar de ser un derecho expedito, se convierte en una pesada maquinaria que parece avanzar a paso de tortuga.
Esta lentitud no es un problema menor, porque en un país donde la corrupción ha sido una plaga histórica, los fiscales tienen una responsabilidad crucial. Los ciudadanos no solo esperan justicia, sino justicia a tiempo. Sin resultados concretos y en plazos razonables, los casos pierden fuerza y la confianza en el sistema se erosiona. Si los fiscales Vela y Pérez no pueden garantizar una gestión ágil y efectiva, no solo pondrán en riesgo sus investigaciones, sino que también contribuirán al debilitamiento de una institucionalidad que ya está en crisis.
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