La Corte Suprema decidió anular la suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema. Esto no la devuelve al cargo de fiscal de la nación, pero sí enciende otra vez una llama que parecía apagada. En la práctica, el sistema legal peruano tiene ahora que decidir cómo manejar un regreso que no está del todo claro: ¿puede volver? ¿cuándo? ¿en qué condiciones?
Delia Espinoza, fiscal de la nación, fue clara y evasiva al mismo tiempo: “Vamos a ver si hay presupuesto”, dijo. Con esa frase, dejó la puerta abierta a más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el equipo legal de Benavides —que ahora incluye a Jorge del Castillo— insiste en que ella debe volver como fiscal suprema, porque eso ya lo decidió antes la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Pero la JNJ aún no aclara qué pasa con los meses en que Benavides estuvo fuera del cargo. Esa demora complica todo. Para evitar otro “papelón”, como dijo su abogado, la estrategia es enviar cartas formales antes de volver a pisar el Ministerio Público.
La idea: esperar. Mientras tanto, el sistema sigue sin saber si debe asignarle oficina, funciones o simplemente esperar a que alguien más resuelva.
Todo esto no es solo una pelea de poderes. Habla de un sistema que no está preparado para actuar con rapidez ni con normas claras.
Y eso sí nos afecta a todos, porque sin una justicia fuerte y creíble, el futuro institucional se tambalea. Lo que está en juego aquí no es solo un cargo, es la confianza en todo un sistema.
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