La comisión permanente del Congreso aprobó por mayoría el informe por el cual recomiendan inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se les critica sobre todo por ir contra la Constitución al permitir que sus integrantes sigan ejerciendo el cargo más allá de los 75 años de edad. Así parece iniciar el camino de la reforma para un organismo que nació por la necesidad de darle mayor transparencia a las instituciones jurídicas.
Recordemos que la JNJ fue promovida por el expresidente Martín Vizcarra en respuesta a los diferentes actos de corrupción que envolvieron al Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que estuvo encargado de la designación de jueces y fiscales a nivel nacional, funciones que reemplazó la JNJ. En su momento, la creación del nuevo organismo fue apoyada por la población que veía la necesidad de cambios urgentes, pues el aparato judicial se encontraba paradójicamente en tela de juicio por casos como “Los cuellos blancos del puerto” donde magistrados recurrían a manejos oscuros para su beneficio personal.
Lamentablemente la institución que reemplazó al Consejo de la Magistratura también se vio envuelta en algunos cuestionamientos, siendo el último de ellos la renuncia de uno de sus integrantes tras admitir coordinaciones con Jaime Villanueva que lo acercaba a la presunta organización conformada por la fiscal de la nación suspendida Patricia Benavides para el negociado de favores políticos a cambio de archivar denuncias.
Sin embargo, no debemos negar que desde el Congreso se desató una guerra encarnizada por tirarse abajo a la JNJ. Tampoco debemos olvidar que quienes promueven la suspensión no son precisamente el ejemplo de transparencia, pues hemos visto cómo el Poder Legislativo también está envuelto en denuncias por casos muy cuestionables como de “mochasueldos”.
Ahora el camino está trazado para que en el pleno del Congreso se termine por dar el tiro de gracia e inhabilitar a los integrantes de la JNJ. Veremos en qué queda este embrollo y saquen a los magistrados, quienes ingresen tengan la transparencia para evitar que un poder cuestionado como el Legislativo termine echando abajo al organismo supervisor del sistema de justicia en el país.
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