En las últimas horas nuestra clase política estuvo en las primeras planas de los medios de comunicación. Sin embargo este hecho no se debió a algún proyecto importante para el país o algún decreto que ayude a gran cantidad de población. Básicamente hablamos que quienes ostentan u estuvieron y están involucrados en diversos hechos delictivos o, por lo menos, en diversas faltas mientras gobernaban.
Uno de los casos más sonados es el del presidente Pedro Castillo, para quien el Poder Judicial confirmó los 36 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado realizado el 7 de diciembre pasado. De igual forma se intervino al exministro de vivienda, Geiner Alvarado, por el mismo motivo. Recordemos que las investigaciones lo ponen a este último junto al extitular de Transportes y hoy prófugo de la justicia, Juan Silva, como parte importante de una organización criminal dedicada a obtener beneficios a costa del estado mediante licitaciones y otras actividades.
En el Congreso tampoco se salvan de esta situación. En las últimas horas se vieron las denuncias constitucionales contra Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy, ex ministros de Castillo Terrones, por el fallido golpe de Estado. La expremier no se salvó de la suspensión y tuvo que dejar su escaño. Sus dos coacusados tuvieron distinta suerte pues se salvaron de las acusaciones.
Ahora, un grupo de ministros del gobierno de Dina Boluarte también atraviesa por los pasillos del Congreso para responder a una serie de interpelaciones y mociones de censura. No se descarta que alguno de ellos termine cayendo en los próximos días ante la serie de errores cometidos. Llama la atención que cada vez más nuestros gobernantes se vean involucrados en diferentes hechos irregulares y terminen siendo más conocidos por ello.
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