El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en su exposición del plan de acciones contra la delincuencia, denunció que el 92 % de los delincuentes capturados por la Policía quedan en libertad por decisión de la Fiscalía. Pero más allá de las cifras, su discurso no ofrece soluciones reales. En lugar de presentar un plan concreto con plazos definidos, se limitó a culpar a otras instituciones, posicionándose como una víctima más del sistema. Los ciudadanos no necesitan lamentos ni excusas, necesitan resultados.
Resaltó que urge acabar con las llamadas extorsionadoras y tener mejor coordinación con empresas de telecomunicaciones, dijo algo que todos y que todos sus antecesores lo dijeron anticipadamente y no hicieron nada, por ejemplo, los reos de penales siguen extorsionando desde la cárcel.
Dijo que la Policía necesita más recursos y que habrá un equipo de investigación, eso no es novedad, pero hay problema que afecta a los buenos efectivos y es que dentro de sus filas hay elementos corruptos que minan la confianza ciudadana. ¿Cómo exigir que la gente denuncie si en muchas comisarías se ignoran o minimizan los casos? La realidad es que la delincuencia avanza no solo por la impunidad judicial, sino porque la Policía también tiene grandes deudas con la ciudadanía.
Las cifras son brutales: en lo que va del 2025, la Fiscalía ha liberado a 338 criminales, según reveló ‘ContraCorriente’. Además, durante la gestión de Santiváñez, 1800 peruanos han muerto por armas de fuego. La violencia no solo persiste, sino que se ha vuelto el pan de cada día. Mientras tanto, el ministro se aferra al cargo, sin presentar medidas concretas ni asumir responsabilidades. Si la lucha contra la delincuencia sigue limitada a discursos vacíos, la seguridad en el país seguirá en caída libre. Los peruanos necesitan una estrategia efectiva, no más palabras. ¿O acaso la próxima estadística será cuántos más morirán esperando acciones reales?
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