El Perú atraviesa una crisis alarmante de inseguridad ciudadana, con un aumento significativo en los casos de crímenes y atentados. En los primeros meses de 2025, el país ha registrado más de 260 homicidios, marcando el inicio de uno de los años más violentos en casi una década. La percepción de inseguridad ha aumentado 18% en comparación con el año pasado, afectando a Lima y otras regiones del país. La población está cada vez más preocupada y exige medidas efectivas para garantizar su seguridad.
En medio de esta situación, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, orientó sus esfuerzos en denunciar a fiscales y responsables judiciales, en lugar de implementar estrategias concretas para combatir el crimen. Esta postura ha generado críticas y ha sido vista como una distracción de los problemas reales que enfrenta el país. La ciudadanía espera acciones concretas y resultados tangibles, pero hasta ahora, las medidas adoptadas han sido insuficientes.
El Congreso, por su parte, parece que dejó de lado la preocupación por la inseguridad ciudadana. A pesar de las reuniones y mesas de trabajo convocadas, no se han visto avances significativos en la implementación de políticas efectivas. La falta de coordinación entre los poderes del Estado y la sociedad civil ha dificultado la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. La ciudadanía se siente abandonada y desilusionada por la falta de acción y compromiso por parte de sus representantes.
La población exige una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades, con medidas concretas y una mayor coordinación entre los diferentes actores involucrados. Sin una acción decidida y un compromiso real, esta problemática podría empeorar aún más, afectando gravemente la vida cotidiana de los peruanos.
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