Es alarmante constatar cómo personajes sancionados e inhabilitados por instancias oficiales persisten en su afán de mantenerse en la escena política nacional. Martín Vizcarra y Antauro Humala no solo ignoran los límites legales impuestos por el Congreso y el Poder Judicial, sino que además intentan victimizarse ante la opinión pública, presentándose como perseguidos políticos cuando en realidad están desafiando abiertamente el marco institucional que rige la democracia peruana.
Martín Vizcarra carga con tres inhabilitaciones acumuladas, entre ellas la derivada del escándalo del Vacunagate y la polémica disolución del Congreso en 2019. Lejos de asumir responsabilidad, responsabiliza al Jurado Nacional de Elecciones por excluirlo del padrón de afiliados y anuncia, con desparpajo, que recurrirá a instancias internacionales, reforzando la narrativa del perseguido. Es preocupante que quien fuera jefe de Estado adopte esta postura sin asumir la dimensión de sus actos.
Por su parte, Antauro Humala continúa en giras proselitistas a pesar de la disolución de su agrupación política por razones de conducta antidemocrática. En Cusco, no dudó en lanzar amenazas directas contra los medios de comunicación, evocando un discurso autoritario que debería encender las alertas de cualquier defensor de la libertad de prensa y del orden constitucional. Su retórica no solo es incendiaria, sino peligrosa para la institucionalidad democrática del país.
Ambos casos reflejan un patrón común: figuras que, tras haber sido sancionadas por sus acciones, buscan retomar protagonismo político mediante la desinformación, el populismo y la confrontación. El sistema democrático no puede permitirse esta clase de embestidas, menos aún cuando quienes las protagonizan son actores con amplio historial de desacato. La legalidad no puede ni debe ser negociable, mucho menos en tiempos donde la credibilidad institucional ya se encuentra seriamente cuestionada.
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