Se hizo oficial que la Conmebol le retire la sede del campeonato Sudamericano Sub-20 a nuestro país. El certamen se iba a realizar en Arequipa y Lima y la decisión no genera sorpresas pues, además de filtrarse la noticia el último martes, se tenía un panorama más que incierto acerca del nivel de organización en nuestro Perú.
Y es que era más que probable que nos dejaran sin la posibilidad de organizar, luego de descubrirse una presunta organización criminal al interior de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y encabezada, al parecer, por su máximo dirigente Agustín Lozano. Cómo se podía confiar en un país donde sus principales dirigentes se encuentran investigados y/o detenidos por corrupción. La respuesta resulta evidente.
A esto debemos sumar un problema que afecta a todos los estamentos del Perú y no solo al fútbol. Se trata de la informalidad. A menos de dos meses de la fecha de inicio del torneo era nulo el avance de trabajos para poner los escenarios a punto. Para muestra un botón, el añejo estadio Melgar, que iba a albergar partidos internacionales, tenía kioscos en sus alrededores sin posibilidad de retirarlos hasta la quincena de enero, además las instalaciones no registraban cambios. Ello originó más de un ceño fruncido entre los emisarios de Conmebol que llegaron a Arequipa las últimas semanas.
Aunque se registraron esfuerzos como la transferencia de dinero para los escenarios en Arequipa, para Conmebol esto no fue suficiente. Tal vez el organismo internacional buscaba la manera de no alargar la agonía de dejarnos sin sede y la detención de Lozano fue el detonante de la decisión. Lo cierto es que una vez más nos quedamos sin la posibilidad de crecer a nivel organizativo y como país
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