¿Usted elegiría ministro del Interior a un individuo cuya trayectoria profesional ha consistido en defender penalmente a delincuentes algunos de ellos exmiembros de la Policía Nacional, entidad subordinada al Ministerio del Interior?
Supongamos que, por mala información o por error lo elige y en el interín se da cuenta que el ministro del Interior utiliza su cargo para beneficiar a un delincuente, cliente suyo para demás señas y luego como consecuencia de un accionar peor que mediocre sale del cargo pasado un tiempo ¿volvería a darle confianza proponiéndolo como ministro de justicia, funcionario del más alto nivel encargado además de ser al asesor jurídico del consejo de ministros?
Si los hechos y las preguntas señaladas se hubieran realizado en cualquier país con mínimos estándares democráticos y con una mínima cuota de integridad y decencia, tenga la seguridad que el individuo que protagonizara esos actos bochornosos no habría tenido cabida en el gobierno. Su sola presencia afectaría al conjunto de ministros y su solo nombramiento habría ocasionado la renuncia de más de un ministro, que se habría sentido incómodo sobre la base de su prestigio profesional afectado por el viejo aforismo que juzga en función del dime con quien andas y te diré qué eres. En un país en donde la ética sea el corazón de la legitimidad de su gobierno ni siquiera se habría pensado en invitar a un individuo tan cercano profesionalmente a la delincuencia.
Pero en el Perú de Dina Boluarte, eso que sería impensable en una democracia decente es realizable. El gobierno del Perú, encabezado por Boluarte y que tiene en Eduardo Arana al presidente del Consejo de Ministros, esta es una situación aceptable, que enorgullece al gobierno y lo hace más fuerte según lo declarado por un lamentable conjunto de ministros alguno de los cuáles dijo inclusive la tontería de que para ser ministro es necesario “ser macho” demostrando con ello su poco nivel para el cargo.
Por el momento solo nos queda indignarnos esperando que el cambio electoral nos traiga un conjunto de políticos que fumigue y desinfecte el aparato del Estado. De ninguna manera debemos aceptar esta situación como normal. Sería un error pues normalizar una situación vergonzosa e inaceptable. Sería dar el punto de partida para que el país sea tomado por la delincuencia organizada. Desde allí no habría punto de retorno.
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