Los gremios de transporte público de Lima y Callao, después de realizar un paro de dos días, exigiendo a la presidenta Dina Boluarte y Congreso de la República medidas legales para contrarrestar las extorsiones y sicariato, anunciaron la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha y que el nuevo objetivo de la protesta será “que se vayan todos”, es decir la anunciada paralización indefinida será un petitorio político, con claro fin de desestablizar a este gobierno.
Los gremios de transportistas decidieron convocar a una movilización nacional contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte, debido a que el Parlamento no hizo caso a sus reclamos.
Ellos exigían la derogatoria de la Ley 32108, sobre el crimen organizado, y que se archive la ley de terrorismo urbano, que pretendía aumentar las penas para diferentes delitos, entre ellos el secuestro, donde está incluido el bloqueo de vías.
¿Por qué piden modificación de la Ley 32108?
La Ley 32108 realizó cambios a tres disposiciones: el Código Penal, la Ley contra el crimen organizado y la Ley de procedimiento para adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares (Ley de medidas excepcionales en investigaciones preliminares).
El primer cambio está referido a la noción de organización criminal, vinculada con la realización de delitos graves como sicariato, homicidio calificado, extorsión, secuestro, entre otros.
Antes la Ley 32108 decía que la organización criminal es una agrupación de tres o más personas que se crea o existe para cometer delitos graves.
Norma que abusó el Ministerio Público para denunciar a sus enemigos políticos o a cualquier grupo de ciudadanos de más de dos personas y calificarlos como integrantes de la “organización criminal”, incluso se incluyó a los partidos políticos cuando alguno de sus militantes cometían actos delictivos.
Con la Ley 32108, indica que la organización criminal es una agrupación de tres o más personas con compleja estructura y mayor capacidad operativa para la realización de delitos graves, con la finalidad de obtener, de forma directa o indirecta, el control de la cadena de valor de una economía o mercado ilegal. Eliminando así el citado abuso.
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