La presidenta Dina Boluarte utilizó la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar lo que llamó narrativas internacionales que distorsionan los hechos ocurridos tras la crisis política de diciembre de 2022. Según su discurso, los héroes son presentados como victimarios y los terroristas como víctimas, en clara defensa de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Sin embargo, la complejidad de lo ocurrido en el Perú no puede reducirse a un relato de héroes y villanos. Hubo manifestantes pacíficos que reclamaban derechos legítimos, junto con episodios de violencia que sí deben ser investigados y sancionados.
Colocar a todos los ciudadanos bajo la etiqueta de “terroristas” no solo es inexacto, sino peligroso: erosiona la confianza en el Estado y alimenta nuevas tensiones sociales.
El debate internacional sobre derechos humanos es legítimo. Las acusaciones contra las fuerzas del orden deben ser investigadas con rigurosidad y transparencia, porque la democracia no se defiende silenciando denuncias, sino enfrentándolas con justicia. Proteger la vida, la libertad y la seguridad de millones de peruanos es esencial, pero ello no debe implicar impunidad ni deslegitimación de la protesta social como parte del ejercicio democrático.
El desafío para el Perú está en construir un relato que reconozca la resiliencia de la sociedad y al mismo tiempo respete la verdad de los hechos. Un país que aspira a proyectarse como democrático y estable en el escenario internacional no puede negar la diversidad de voces de su pueblo.
Escuchar, investigar y reconciliar son pasos más sólidos que reducir todo a una narrativa oficial.
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