Lo ocurrido el 31 de mayo en la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) no fue solo un escándalo digital pasajero. Fue una advertencia contundente: el Estado peruano es tecnológicamente vulnerable. Un grupo de hackers tomó control de la página web municipal, bloqueó el acceso ciudadano y publicó un mensaje incendiario denunciando corrupción, con documentos incluidos. Aunque el sistema fue recuperado horas después, el daño ya estaba hecho: la fragilidad institucional quedó al desnudo.
Este ataque que revivió lo ocurrido en 2020 con el colectivo ‘Beba Army’ y que se suma al hackeo del portal gob.pe en mayo a manos del grupo Rhysida Ransomware, con un rescate exigido de cinco bitcoins— demuestra que nuestras plataformas públicas no solo están mal protegidas, sino que carecen de protocolos eficientes para prevenir y reaccionar ante amenazas cibernéticas. La rapidez con la que los hackers accedieron, intervinieron el contenido y difundieron mensajes políticos es prueba de un sistema obsoleto, reactivo y sin blindaje.
La MPA respondió con un comunicado y promesas de “reforzar la seguridad”. Pero, el problema no es solo técnico; es estructural. Las municipalidades y organismos públicos siguen viendo la transformación digital como un trámite secundario y no como una prioridad estratégica en pleno siglo XXI. En tiempos donde los gobiernos son blanco de espionaje, hacktivismo o guerra informática, no tener defensa digital es equivalente a dejar la puerta abierta en medio de un asalto.
Mientras tanto, la ciudadanía es testigo de cómo los mismos espacios digitales que deberían acercarla al Estado son tomados por grupos anónimos que, con o sin razón, revelan algo más alarmante que la denuncia misma: que el sistema es tan débil que cualquiera puede tumbarlo. Y esa, quizás, es la denuncia más real de todas.
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