El pueblo habla y se sigue manifestando, y no solo a través de las multitudinarias marchas en todo el país, sino también a través de las encuestas de opinión que se han convertido ya en una tradición de la política peruana.
Los datos de la más reciente encuesta del IEP no son reveladores, sino una prueba más de la pésima estrategia de gobierno de la presidenta Boluarte. Ni su predecesor, con todas las acusaciones de corrupción, había llegado a un 71% de desaprobación, una cifra récord para alguien que apenas tiene poco más de 40 días en el poder.
La mayor parte de desaprobación está en el interior del país, zonas rurales y población de estratos económicos bajos, paradójicamente, los mismos sectores poblacionales que le dieron la victoria en las elecciones del 2021.
Y es que la gente no se ha creído la narrativa de la derecha de que este es el mismo gobierno de Castillo o de Perú Libre. Otro discurso que la encuesta desmitifica es el que la misma presidente se ha creído (o le han hecho creer): “los violentistas machistas no quieren ver a una mujer en el poder”, pues el 70 % de mujeres encuestadas desaprueba su gestión presidencial.
Desde el mes de diciembre, las protestas han girado sobre la base de tres pedidos: que Boluarte renuncie, que se cierre el Congreso y que haya elecciones este 2023; sin embargo, desde hace un tiempo, vengo advirtiendo un cuarto pedido que, (lamentablemente, en este contexto de crisis) viene ganando fuerza: una nueva Constitución.
Nueve de cada 10 peruanos de desaprueban a Boluarte quieren una nueva constitución y la misma cantidad participa en las protestas, en donde el 58 % de encuestados considera que hubo excesos que condujeron a las muertes de más de 40 compatriotas. En casi todos los casos hay una diferencia significativa entre Lima y el resto del país, al igual que entre los niveles socioeconómicos A/B y C, D y E.
Lo que evidencia el carácter segregacionista en el que este gobierno de coalición con la derecha está cayendo con su estrategia de “imponer el orden a toda costa”.
La encuesta de IPSOS, muestra un escenario similar.
Mientras tanto, la presidenta y su consejo de ministros siguen creyendo que tiene todo bajo control, que terruqueando y criminalizando las protestas van a hacer que la gente se detenga, que aliándose con la derecha congresal le garantiza gobernabilidad, o, peor aún, que la misma derecha la protegerá cuando deje (más temprano que tarde) el poder.
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