El pueblo peruano con asombro ve las noticias de denuncias entre los fiscales supremos protagonizados por Delia Espinoza, Patricia Benavides y Aladino Tomás Gálvez, cada uno pide la inhabilitación y/o destitución del Ministerio Público de su colega, en una guerra sin cuartel para tomar el control del Ministerio Público.
Con anterioridad la fiscal de la nación, Delia Espinoza, pidió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Congreso de la República la inhabiliación de Benavides. Asimismo, hace poco presentó similar denuncia contra el recién repuesto fiscal supremo Aladino Tomás Gálvez.
La semana pasada la fiscal Benavides presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la Espinoza en donde la acusa de prevaricato, abuso de autoridad y que habría infringido la Constitución; pide que se le inhabilite por 10 años de la función pública. Los hechos que se le imputa es no haber acatado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y los posteriores apercibimientos y pedidos para la restitución de Benavides.
A su turno el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó una denuncia constitucional contra su colega Delia Espinoza por prevaricato, abuso de autoridad y acoso. En ese última acusación menciona que efectivos policiales a cargo de la Fiscalía le hacen reglaje y filman sus actividades privadas.
Como nunca antes se percibe una lucha interna en la Fiscalía de la Nación, que genera una sensación desestabilizadora de la democracia en el país, donde algunos fiscales persiguen a políticos que no son de su agrado.
La historia nos demuestras que los gobiernos de turno siempre han deseado controlar el Poder Judicial, para evadir sus responsabilidades penales de sus ilícitos. La manipulación del Poder Judicial se hace evidente con el dictador Juan Velasco, quien en 1968 nombró al arequipeño Héctor Cornejo Chávez para presidir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM); éste botó del Poder Judicial a los jueces que no eran obedientes a Velasco y puso a magistrados de acuerdo a su medida.
La función principal del CNM fue formular propuestas para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema y de las cortes superiores ante el presidente de la república, quien realizaba la designación con cargo a su ratificación por el senado. Para las propuestas de magistrados de primera Instancia y demás cargos de inferior jerarquía actuaba un Consejo Distrital de la Magistratura en cada sede de Corte, presidido por el fiscal más antiguo y dos representantes del Colegio de Abogados de la jurisdicción.
Este sistema dejó de existir como consecuencia del autogolpe de 1992 de Fujimori y se normó su función con nuevas reglas en la constitución de 1993. Se reformuló su rol constitucional otorgándole el poder de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir directamente a los magistrados del país.
Los integrates de este organismo fueron destituidos por el Congreso de la República a inicios del 2018, tras conocer los llamados “CNM-audios”, donde se escuchó que magistrados del CNM y jueces manipulaban sentencias. Se hizo una reforma constitucional y se aprobó mediante referéndum del 9 de diciembre del año 2018, creándose la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Ahora, en manos del Congreso está declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público y destituir a todos los fiscales supremos para acabar con las luchas internas.
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