Las declaraciones que dio Jaime Villanueva, colaborador eficaz y exasesor de la fiscal de la nación suspendida, Patricia Benavides, en el sentido que Gustavo Gorriti habría coordinado con los fiscales Vela y Pérez acciones contra Keiko Fujimori y Alan García; y con el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez a favor de Martín Vizcarra, merecen la inmediata investigación de oficio de la Fiscalía de la nación, del Congreso de la República porque es gran escándalo.
Estas confesiones reflejan la fragilidad del sistema de justicia que presuntamente es manejado por grupos de poder político y económico.
Jaime Villanueva en su declaración a la fiscal suprema, Delia Espinoza, realizada el pasado 20 de enero, reveló que el fiscal Rafael Vela le dio a Gustavo Gorriti “toda la información para cercar a (Alan) García”.
Por eso se recuerda que cuando llegó de España el expresidente García como testigo para declarar ante la Fiscalía, Gorriti sacó un reportaje indicando que Odebrecht le pagó por consultorías. García pasó de testigo a investigado. Y, el fiscal José Domingo Pérez pidió impedimento de salida como una trampa tendida al exmandatario, cuyo trágico desenlace es conocido cuando iba ser detenido.
En otra parte de su declaración, Villanueva, mencionó tener conocimiento que la fiscal de la Nación de ese entonces, Zoraida Ávalos, le dijo al fiscal Rafael Vela que trate de “no hacer nada” respecto a las coimas del expresidente Martín Vizcarra, cuando fue gobernador regional de Moquegua.
Reveló que el ex fiscal de la nación, Pablo Sánchez, en 2018 archivó las investigaciones a Vizcarra referidas a la construcción del aeropuerto de Chinchero, “para facilitar que asuma la presidencia de la República”.
Villanueva aseguró que propuso al fiscal Vela para que José Domingo Pérez se incorpore al Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato. Agregó que lo entrevistó antes que asuma dicho cargo.
El testigo eficaz también dijo que Domingo Pérez tenía un contacto estrecho con el periodista Gustavo Gorriti y que éste último dirigió la investigación a Keiko Fujimori referido al caso Cócteles. Pérez solicitó 30 años y 10 meses de prisión para la líderesa de Fuerza Popular, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, falsedad genérica y obstrucción de la justicia.
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