En medio de versiones cruzadas sobre quién asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros, primero con el nombre de Hernando de Soto y luego con la confirmación de Denisse Miralles, el Gobierno de José María Balcázar volvió a mostrar una señal de desorden en un momento en que el país necesita claridad.
Los anuncios, rectificaciones y silencios no ayudan a transmitir estabilidad, menos aún cuando el mandato es de transición y apenas durará cinco meses.
Los cambios en el gabinete no son un detalle menor. El Ministerio de Economía y Finanzas también tiene nuevo titular, en un contexto complejo: una mesa técnica sobre el retiro de la ONP en debate, una interpelación pendiente por grandes proyectos de infraestructura y un país que necesita reactivar inversión sin improvisaciones. Cada designación debería responder a criterios técnicos y urgencias reales, no a equilibrios políticos de corto plazo.
Pero mientras en Lima se discuten nombres y cargos, Arequipa enfrenta una emergencia concreta. Las lluvias y huaicos han destruido viviendas, vías y dejado a familias enteras durmiendo sobre lodo durante varios días.
La ciudad necesita una declaratoria de emergencia inmediata y acciones coordinadas que permitan acelerar ayuda, reconstrucción y prevención. No se trata solo de visitar la zona, sino de tomar decisiones ejecutivas rápidas.
El problema no es solo el desastre natural. Durante décadas, distintos gobiernos permitieron construcciones en zonas de riesgo y torrenteras que hoy reclaman su cauce. Esa permisividad histórica ha multiplicado el daño. Ahora la respuesta no puede ser lenta ni burocrática. Cada día sin maquinaria, sin apoyo técnico y sin recursos suficientes es un día más de angustia para cientos de ciudadanos.
Arequipa necesita menos confusión política y más gestión. Los vecinos que han perdido sus casas no pueden esperar a que se resuelvan disputas internas en el gabinete. Es momento de acelerar procesos, coordinar con el Ejecutivo nacional y movilizar todos los recursos disponibles. La solidaridad es clave, pero la acción inmediata del Estado es indispensable.
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