La frontera norte del Perú, en Aguas Verdes (Tumbes), se ha convertido en un retrato de abandono institucional. Testimonios recientes confirman lo que la ciudadanía percibe desde hace tiempo: decenas de extranjeros siguen ingresando de manera ilegal, sin control ni registro oficial, mientras el Estado permanece como un espectador impotente.
El hallazgo de un migrante pidiendo limosna junto a su hijo, apenas dos semanas después de haber ingresado sin documentos, refleja no solo la fragilidad de la frontera, sino también la falta de políticas públicas claras. No es un caso aislado, sino la evidencia de una migración descontrolada que se expande por pasos ilegales, vigilados apenas por un puñado de policías.
Los cuestionamientos apuntan directamente a la Superintendencia Nacional de Migraciones, liderada por Armando García Chunga. Se acusa a su gestión de facilitar la permanencia irregular de extranjeros mediante procesos de regularización masiva, sin filtros efectivos. La crítica también alcanza a las ONG que, bajo la bandera de la vulnerabilidad, terminan avalando políticas permisivas que generan malestar en ciudadanos peruanos que ven desatendidas sus propias necesidades de salud, educación y seguridad.
El drama de Tumbes es doble: por un lado, migrantes que huyen en busca de oportunidades; por otro, un Estado que no logra establecer reglas claras ni control mínimo en la frontera. En este vacío, la desconfianza ciudadana crece y la institucionalidad se debilita. La migración puede ser una oportunidad de integración, pero mientras la frontera siga abierta y el Estado ausente, seguirá siendo un problema que erosiona la seguridad y la cohesión social.
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