En los últimos años, los casos de feminicidio han sacudido a la sociedad peruana, revelando una dolorosa realidad que exige respuestas inmediatas. Cada mujer asesinada por razones de género representa no solo una vida truncada, sino también una familia devastada y una comunidad marcada por el dolor. A pesar de los avances legislativos, la impunidad y la lentitud en los procesos judiciales continúan siendo obstáculos que perpetúan el sufrimiento de las víctimas indirectas.
La investigación de estos crímenes debe ser rápida, rigurosa y con enfoque de género. La demora en identificar a los responsables, reunir pruebas y llevarlos ante la justicia no solo vulnera los derechos de las víctimas, sino que también envía un mensaje de indiferencia institucional. En muchos casos, los familiares deben esperar años para obtener una sentencia, lo que prolonga el duelo y obstaculiza la reparación emocional.
Además, la celeridad en los procesos no debe comprometer la calidad de las investigaciones. Es fundamental que los operadores de justicia estén capacitados para abordar estos casos con sensibilidad y conocimiento especializado. La articulación entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial debe ser efectiva, evitando la revictimización y garantizando que cada caso se trate con la seriedad que merece.
La lucha contra el feminicidio no termina con la condena del agresor. Es necesario que el Estado y la sociedad trabajen juntos para prevenir estos crímenes, proteger a las mujeres en riesgo y transformar las estructuras que perpetúan la violencia de género. Investigar con rapidez no solo es una obligación legal, sino también un acto de justicia que honra la memoria de quienes ya no están.
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