Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta fecha es importante recordar un flagelo destructor. Los feminicidios en América Latina y el Caribe son recordatorios brutales de las desigualdades estructurales que persisten en nuestras sociedades. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2023 al menos 3897 mujeres fueron asesinadas por razones de género en 27 países, lo que equivale a 11 feminicidios diarios.
Estas cifras representan la manifestación más extrema de un sistema patriarcal que, pese a avances legales, no logra garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Los marcos normativos son esenciales, pero sin un cambio cultural profundo que desmonte patrones de machismo y violencia, la región seguirá sumida en esta crisis.
Aunque 19 países han aprobado leyes específicas para tipificar el feminicidio, muchas de ellas carecen de recursos suficientes para garantizar su implementación. Es crucial que las políticas públicas prioricen la prevención, la protección efectiva para las víctimas y la educación en igualdad desde las primeras etapas de la vida.
Detrás de cada número hay una historia que no debió apagarse. La Cepal señala que la mayoría de los feminicidios ocurren en contextos de relaciones de pareja, lo que subraya la urgencia de identificar y abordar las señales tempranas de violencia. Este problema no es solo de mujeres; es una crisis social que exige la movilización de toda la sociedad. Debemos comprometernos a construir un entorno donde la violencia de género no tenga cabida, trabajando desde la educación hasta el sistema judicial. Es un desafío enorme, pero imprescindible si queremos honrar las vidas perdidas y evitar que estas tragedias se repitan.
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