El cierre de la plaza de Armas de Arequipa los días 8 y 9 de marzo ha generado una gran controversia en la ciudad. La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) decidió cerrar el acceso a este emblemático espacio público desde el viernes 7 de marzo hasta el domingo 9 de marzo a las 22:00 horas, como medida de protección del patrimonio cultural tras los actos vandálicos ocurridos durante las celebraciones de carnaval.
Sin embargo, esta decisión coincidió con la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer, lo que provocó que colectivos feministas intentaran ingresar a la plaza de Armas para culminar su manifestación. A pesar de las vallas y la presencia de serenos, las manifestantes lograron ingresar al recinto, argumentando que la medida municipal limitaba su libertad de expresión y tránsito.
La MPA ha anunciado que no descarta interponer denuncias penales contra los representantes de los colectivos feministas por desobedecer las disposiciones municipales. Aunque no se registraron daños al patrimonio cultural, la autoridad edil considera que se ha desobedecido lo dispuesto y, por lo tanto, es procedente interponer las denuncias correspondientes.
El cierre de la plaza de Armas ha generado opiniones divididas entre los ciudadanos. Por un lado, algunos consideran que la medida afecta al turismo y la economía local, mientras que otros apoyan la decisión en aras de proteger el patrimonio cultural de la ciudad. La incursión de los colectivos feministas también ha despertado reacciones encontradas, con algunos ciudadanos defendiendo la libertad de expresión en un espacio cívico y otros insistiendo en el cumplimiento de las normas establecidas.
La MPA deberá encontrar un equilibrio que permita preservar la identidad histórica de la ciudad sin limitar los derechos de sus ciudadanos. Además, surge un cuestionamiento al alcalde que cerró la plaza sin emitir ordenanza alguna o norma que limite el ingreso al espacio público, además afirmó que había un plan para gestionar la situación, pero dicho plan se limitó a un comunicado de cierre y el cierre propiamente dicho. ¿Es suficiente esta medida para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad o se requiere una estrategia más integral y participativa?
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