A fines de abril pasado se inició una guerra sin cuartel entre el Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) y la presidenta de la República, Dina Boluarte, provocando una nueva crisis política, cuyos resultados son de pronóstico reservado.
Todo empeoró cuando el equipo policial de Delitos de Alta Complejidad de la PNP (DIVAC), asignado a la Fiscalía de la Nación, el 30 de marzo pasado allanó de madrugada la casa de la presidenta, rompiendo la puerta para ingresar a pesar de que uno de los hijos de la mandataria dijo que esperen que les iba a abrir.
El 11 de abril, el coronel PNP Harvey Colchado Huamaní, jefe de la DIVAC, con motivo de su cumpleaños, posteó en las redes sociales una torta con un muñeco vestido de policía rompiendo una puerta, en alusión al allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte. Este hecho enojó a la mandataria y gran parte de la opinión pública por la burla que se hacía a la mandataria, que personifica a la Nación, en acuerdo a la Constitución Política del Perú.
La respuesta de la presidenta no se hizo esperar. El 15 de abril, el coronel Harvey Colchado fue separado de la DIVAC, por disposición de su comando y su caso pasó a Inspectoría de la PNP por no tener un plan de operaciones para el allanamiento mencionado y por la torta de cumpleaños que hace alusión a él rompiendo la puerta con una comba.
Abonó a esta confrontación el fiscal interino Juan Carlos Villena, quien dijo que abrirá investigación fiscal por la desactivación de la DIVAC, olvidando que la DIVAC fue creado por la PNP y es desactivado por la misma institución, en acuerdo a sus prerrogativas institucionales.
En contra ataque, el 10 de mayo, la Fiscalía ordenó la detención preliminar por 10 días de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta por presunto tráfico de influencias y por integrar una presunta organización criminal que designaba prefectos y subprefectos a cambio de pagos. Junto con él fue detenido el Dr. Mateo Castañeda, abogado de la presidenta y otros seis investigados. Lo curioso, la orden de detención fue firmado a las 4 de la madrugada por el juez Richard Concepción Carhuancho.
Estamos viviendo un caso inédito donde la Fiscalía de la Nación está tomando un rol político, que no le corresponde. Es decir, actúa en represalia a algo. Muchos en redes sociales culpan de este y otro casos de persecución a oscuros grupos de poder quienes tendrían el control de este organismo.
Estamos totalmente de acuerdo que se investigue a la presidenta Boluarte por el caso de los relojes Rolex y las muertes ocurridas durante las manifestaciones de Ayacucho y Juliaca. Igual que se siga investigando a su hermano, pero también debe investigarse a los fiscales aludidos en las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal Benavides. También que sea procesada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, confesa de haber recibido 14 millones de dólares de Odebrecht. En fin, que la investigación no solo sea a los enemigos, sino a todos.
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