El avance del crimen organizado en el país ha llevado a las empresas a destinar hasta el 10 % de sus ingresos a seguridad privada, un gasto que debería estar orientado a la inversión y generación de empleo. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha alertado sobre el impacto negativo de esta situación en la productividad y competitividad del sector empresarial. En este contexto, la falta de acción gubernamental y la ausencia del ministro del Interior en espacios de diálogo con los gremios solo profundizan la incertidumbre.
Las propuestas presentadas por la CCL y otros gremios en la III Mesa de Trabajo de Seguridad Ciudadana del Congreso son claras y urgentes: permitir denuncias digitales, fortalecer el sistema integrado de información en seguridad ciudadana, incorporar a policías retirados para reducir el déficit de efectivos y modificar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Además, la asignación de recursos logísticos a la Policía Nacional mediante el Fondo de Compensación Municipal y la implementación de unidades de flagrancia con infraestructura penitenciaria bajo esquemas de inversión privada son medidas viables que requieren voluntad política.
El Congreso tiene en sus manos la oportunidad de convocar a un segundo pleno legislativo sobre seguridad y legislar con celeridad sobre estas iniciativas. La inacción solo fortalece a la delincuencia, mientras que las Mipymes, el motor económico del país, siguen siendo las principales víctimas de extorsiones, robos y amenazas. Como bien señala la CCL, invertir en seguridad es invertir en libertad, y es imperativo que el Estado asuma su rol sin más dilaciones.
Las empresas y la ciudadanía no pueden seguir enfrentando solas la violencia que azota al país. Es momento de que el Gobierno y el Legislativo trabajen en conjunto con el sector privado para garantizar un entorno seguro y estable. La seguridad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser atendido con urgencia.
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