El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia encendió las alarmas en el Congreso y entre analistas políticos. Censurado en marzo por “incapacidad en el cargo” cuando lideraba el Ministerio del Interior, Santiváñez vuelve al gabinete en una cartera clave, pese a enfrentar investigaciones por presunto tráfico de influencias. Su regreso no solo evidencia una falta de autocrítica en el Ejecutivo, sino también una estrategia de blindaje político en medio de tensiones con el sistema judicial.
A este panorama se suma la designación de Fredy Hinojosa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, cargo que antes ocupaba Santiváñez. Hinojosa, investigado por vínculos con el caso Qali Warma, ahora coordinará la agenda presidencial desde Palacio. Su cercanía con la presidenta Dina Boluarte y su rol como vocero oficial refuerzan la percepción de que el Ejecutivo recicla figuras cuestionadas en puestos estratégicos, sin atender los reclamos de transparencia ni las investigaciones en curso.
Con una aprobación que apenas alcanza el 2%, según recientes encuestas, el Gobierno parece apostar por la lealtad interna antes que por la legitimidad pública. Esta rotación de funcionarios bajo sospecha no solo debilita la imagen institucional, sino que profundiza el desencanto ciudadano. En lugar de renovar el gabinete con perfiles técnicos y éticos, se consolida un círculo cerrado que prioriza el control político sobre la rendición de cuentas. ¿Puede un gobierno que se aferra a sus figuras más polémicas recuperar la confianza de la ciudadanía? Por ahora, las señales apuntan en dirección contraria.
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