Los verdaderos artistas, decía Vargas Llosa, están demasiado ocupados creando como para formar comisiones de intelectuales o comités de cultura oficiales. O, sugiero yo, para andar reclamando estímulos y condecoraciones a algún ministerio benefactor que exalte con su venia burocrática alguna obra que cumpla los requisitos y las afinidades del ‘ogro filantrópico’, como llamó brillantemente Octavio Paz a ese Estado que abarca y asfixia todo con su abrazo, que castiga la disidencia y gratifica con ayudas y premios la adulación.
En estos días, el escritor Rafael Dumett viene denunciando en la prensa que el Ministerio de Cultura no quiere organizar la ceremonia para entregarle el Premio Nacional de Literatura que le fue concedido el año pasado. Dummet entiende que este desplante se debe a las duras críticas que lanzó contra el Gobierno, donde augura a Dina Boluarte la cárcel y señala a su gestión de tener una “entraña criminal”.
Menuda tarea la de un ministerio que se presume en la obligación de organizarle un festín a un ácido zaheridor del mismo Gobierno que lo dirige; y embarazoso reclamo el de un escritor que solicita de un Gobierno criminal (como lo ha llamado reiteradamente), un premio por su destacada obra. ¡Qué intríngulis estrafalario!
Desde el gremio de escritores o intelectuales muy vinculados con los auspicios o incentivos estatales se acusa al Ministerio de Cultura de haberse convertido en un centro de control ideológico. Lo llamativo del asunto es que no se advierta el papel de un ministerio que, bajo el pretexto de fomentar la cultura de un país, los criterios conjurados para ello se cocinan entre las cuatro paredes de la oficinas de los de burócratas que definen lo cultural en función de sus caprichos, quimeras y revelaciones.
Si el germen de la inconformidad frente a las grandes injusticias del mundo, provocadas por sociedades tribales, espíritus colectivistas o dictaduras impunes, se subyuga a la voluntad del Estado, ¿qué podría quedar de la cultura?, ¿cuál sería su utilidad?, ¿en qué se convertiría?
Mientras más funcional sea la cultura a los fines del Estado, más farsesco será su papel. No se trata de eliminar la capacidad de censura del Estado para liberar la fuerza de la cultura. Vano esfuerzo. La censura se fragua con la coacción y la coacción es innata al poder. Desde el Estado, con sus notables jurados, se decide qué obra incentivar con los recursos de todos, privilegiando con su firma creaciones que mejor se acomoden a sus simpatías (y descarta las incómodas). Discriminar lo servil de lo crítico. Porque el Estado no retribuye el ingenio, solventa la obediencia. Por lo tanto, se trata, más bien, de desconfiar de las gracias y honores que salen de las oficinas de un ministerio, porque allí la cultura solo podría servir para adocenar los ánimos rebeldes y convertir la creación en un instrumento de vasallaje
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