La reciente participación de la presidenta Dina Boluarte en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), marca un intento por proyectar al Perú como un país en recuperación tras años de inestabilidad política. Con la afirmación de que el Perú “ha recuperado su tranquilidad política, económica y social”, la presidenta busca atraer inversiones extranjeras, destacando una cartera proyectada de 7 mil millones de dólares en inversión público-privada hacia 2025. No obstante, esta narrativa contrasta con una realidad nacional marcada por conflictos sociales no resueltos y cifras alarmantes en seguridad. Según el INEI, la victimización por delitos comunes alcanzó el 26.2 % en 2024.
Aunque es cierto que el Perú mantiene un manejo económico responsable que le permitió evitar mayores endeudamientos tras la pandemia de la covid-19, el país enfrenta retos estructurales que no se solucionan con declaraciones internacionales. La criminalidad organizada, reconocida por Boluarte como un problema “global”, ha crecido de forma alarmante, con un incremento del 9.5 % en delitos violentos durante el último año, según reportes policiales. Si bien se tomaron medidas como la entrega de vehículos y equipos a la Policía, estas acciones parecen insuficientes frente a redes criminales más sofisticadas.
El optimismo proyectado en Davos puede ser valioso para captar inversiones, pero la mandataria no debe ocultar la urgencia de atender los problemas internos del país. Las promesas de crecimiento económico inclusivo e inversión en infraestructura son necesarias, pero solo serán creíbles si van acompañadas de resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de los peruanos. Davos es un buen escenario para proyectar ambiciones, pero el verdadero desafío está en casa, asuma el reto presidenta.
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