El asesinato de 13 mineros artesanales a manos de bandas criminales, hecho ocurrido en Pataz el 4 de mayo no es un hecho aislado, sino el síntoma de un Estado rebasado. Esta masacre no solo conmocionó al país, también reveló la dimensión de un conflicto que lleva décadas gestándose en silencio: la expansión de economías extractivas informales en territorios donde la ausencia estatal ha sido la norma. Zonas como La Libertad están convertidas en tierra de nadie, controladas por mafias armadas que se disputan socavones bajo tierra mientras el Estado observa -cuando lo hace- desde lejos.
Los datos son alarmantes: más de 33 000 volquetes cargados de oro salieron de La Libertad sin trazabilidad, por un valor que supera los 3500 millones de dólares. A esto se suma la operación de al menos 52 plantas de procesamiento sin fiscalización efectiva. Y aunque Pataz está bajo estado de emergencia desde febrero, el control territorial no ha cambiado de manos: sigue en poder de quienes imponen su ley con fusiles y amenazas. Las respuestas del Ejecutivo, como el toque de queda recién anunciado por la presidenta Dina Boluarte, llegan tarde.
Al respecto, una análisis interesante se difundió y lo hizo la hija de un expresidente sentenciado, Zaraí Toledo, quien advierte que el gran error fue tratar a todos los actores por igual, sin distinguir entre minería informal y minería ilegal. El minero artesanal fue criminalizado junto con el crimen organizado, en lugar de recibir apoyo para formalizarse y salir de la economía de subsistencia. Esa omisión permitió que las bandas llenaran el vacío con dinero, armas y control social. En lugar de invertir en inteligencia territorial, el Estado optó por la represión.
La visita de la presidenta a Pataz -sin reunirse con el alcalde ni con la población- demuestra lo desconectado que está el poder central de las realidades regionales. Se pretende imponer, sin escuchar a quienes conocen el territorio. El orden no se construye con helicópteros ni decretos, sino con presencia constante, diálogo y políticas diferenciadas. El oro de Pataz está manchado de sangre, si no se enfrenta este problema como crisis estructural, las balas seguirán hablando más fuerte que el Estado.
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