El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha optado por una estrategia que busca desviar la atención del fondo del asunto: el peso de una investigación en su contra por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio de periodistas. Calificar de “ilegal” la solicitud de la Fiscalía para acceder a su cuenta de iCloud parece más un intento de victimización que un argumento sólido. El Ministerio Público ha sido claro al señalar que el requerimiento no busca información personal, sino datos vinculados al periodo investigado. Entonces, ¿por qué el ministro prefiere posicionarse como un defensor de la privacidad en lugar de colaborar con el proceso?
La declaración de Santiváñez —“Si la fiscal quiere saber de mi vida, mejor que me cite y me pregunte”— es un recurso que apela al ciudadano común, pero ignora los protocolos legales que rigen investigaciones de este calibre.
Resulta cuestionable que un abogado especialista en derecho procesal desconozca que las herramientas digitales son esenciales para esclarecer posibles delitos en un contexto donde los rastros de corrupción se esconden detrás de contraseñas, nubes y dispositivos electrónicos. Más que proteger su intimidad, su rechazo a la solicitud parece diseñado para construir una narrativa de enfrentamiento institucional que distraiga de los señalamientos que enfrenta.
En un país golpeado por la corrupción, la transparencia y la disposición a rendir cuentas deberían ser la norma, especialmente para un funcionario de alto rango. En lugar de cuestionar el accionar de la Fiscalía, Santiváñez debería enfocarse en demostrar su inocencia con pruebas contundentes. Apelar a la supuesta vulneración de derechos fundamentales suena a una excusa conveniente para evitar que se indague en un caso que podría tener consecuencias graves. Si el ministro no tiene nada que ocultar, ¿por qué tanto miedo a la verdad?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
