El anuncio del presidente Donald Trump sobre el cierre de la USAID ha generado un sismo en la política internacional y en el Perú no ha sido la excepción. La decisión de suspender el financiamiento afecta a decenas de ONG como Manuela Ramos, incluso a algunos medios de comunicación que son gran empresa, pero reciben fondos de una de las agencias de ayuda bilateral más grandes del mundo y opera en más de 100 países para promover el crecimiento económico, democracia, derechos humanos y salud global.
Pero, pese a estos cuestionamientos, el cierre afectará a la lucha antidrogas, la protección del medioambiente y el desarrollo de programas de salud.
En el Congreso, la bancada de Renovación Popular ha puesto bajo la lupa los recursos recibidos por diversos medios y organizaciones no gubernamentales desde 2015, buscando determinar si estos fondos fueron empleados para agendas político-ideológicas, lo que podría contravenir la Constitución y las leyes nacionales. La pregunta es inevitable: ¿hasta qué punto estas entidades dependían del financiamiento de USAID y cómo afectará su trabajo esta abrupta suspensión?
Más allá del componente político, el cierre de USAID en el Perú podría significar un duro golpe para sectores vulnerables que se beneficiaban de sus programas. Jaime García Díaz, investigador de la PUCP, advierte que esta medida podría afectar directamente la lucha contra el narcotráfico, la protección del medioambiente y el acceso a servicios de salud.
Sin embargo, también es una oportunidad para que el país reflexione sobre su independencia financiera y el rol que juegan los actores externos en el desarrollo nacional. ¿Estamos preparados para sostener estos proyectos sin financiamiento extranjero o estamos ante un riesgo mayor?
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