Días atrás, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el proyecto de reforma constitucional que crea la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), dictamen que irá al pleno para su aprobación en dos legislaturas. Los integrantes de la JNJ, muy criticados, a pulso han cavado su tumba, porque desde su creación, propuesto por el cuestionado e investigado por la Fiscalía, expresidente Martín Vizcarra; no han cumplido los fines y objetivos que se menciona en la ley.
Definitivamente la JNJ no ha sido mejor que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), este último fue creado como consecuencia del autogolpe de 1992 de Fujimori. Los integrantes del CNM fueron destituidos por el Congreso en 2018, tras conocerse los “CNM-audios”, donde se vio y escuchó que sus magistrados y jueces manipulaban sentencias. Se hizo una reforma constitucional y se aprobó en referéndum del 9 de diciembre de 2018, dando paso a la JNJ.
La JNJ desde su creación se convirtió en un organismo que respondió a intereses políticos y de oscuros grupos de poder económico. Su actuar fue muy parcializado en contra de los adversarios políticos como el fujimorismo, el Apra y sectores de derecha. Fue muy benevolente (casi negligente) con jueces o fiscales que beneficiaban a terroristas, narcotraficantes, izquierdistas y caviares.
Los hechos son evidentes y no hay que ser jurista para cuestionar a la JNJ. Por ejemplo, separan del cargo y meses después destituyen a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solo con la versión de su exasesor Jaime Villanueva y con copia fotostática de unos chats en WtahsApp. Sin embargo, ignoraron las revelaciones de Villanueva en el sentido que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez habrían complotado contra Alan García y Keiko Fujimori, en presunta complicidad con el periodista Gustavo Gorriti.
También ignoraron que el fiscal Vela habría sido informado que el JNE habría hecho fraude electoral para impedir que Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori pasen a la segunda vuelta y luego gane Pedro Castillo.
También ignoraron las declaraciones de Villanueva en el sentido que el fiscal supremo Pablo Sánchez habría ordenado archivar la investigación contra Vizcarra por el caso del aeropuerto de Chinchero; o que la fiscal suprema Zoraida Ávalos no denunció a los expresidentes Martín Vicarra y Pedro Castillo, por presuntos delitos.
Abonaron en su contra, por permitir que la magistrada Inés Tello siga en la JNJ, luego de cumplir 75 años, incumpliendo al artículo 156 inciso “C” de la Constitución Política del Perú. El Congreso la destituyó en marzo pasado.
Así como estos casos hay cientos, donde no se sanciona a fiscales y jueces que incumplen su función de administrar justicia. Con la Escuela Nacional de la Magistratura se espera que jueces y fiscales sean nombrados por sus méritos y conocimientos (como era antes de Fujimori) y no por su vinculación a los caviares o grupos políticos.
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