El Congreso acaba de probar una nueva norma que echa por tierra lo avanzado hasta el momento en la evaluación de la enseñanza universitaria. Se trata del licenciamiento permanente de las universidades y la enseñanza 100 % a distancia. Con ello queda a un lado el trabajo realizado hasta el momento con las diversas instituciones que tramitaron su acreditación por periodos de hasta 10 años, luego de los cuales debían demostrar que seguían mejorando en sus estándares académicos.
Así llegamos a un nuevo capítulo en el cual el Congreso aprovecha de su máxima autoridad para avanzar de manera acelerada la aprobación de determinadas normas que muchas veces favorecen solo a ciertos intereses. Hemos visto que hay legisladores vinculados a universidades que precisamente no alcanzaron el licenciamiento y que mueven cielo y tierra para que la Sunedu pase mejor vida y de esta manera se elimine esa barrera que se pone sobre el avance de sus manejos.
No es el primer ni el último caso en el cual nuestros padres de la patria aprovechan el cierre de la legislatura para la aprobación de normas que requerirían mayor estudio, pues afectan a millones de personas. Lamentablemente vivimos en un sistema de gobierno donde el Legislativo maneja una cuota de poder mayor que el Gobierno central.
Aunque, en el caso de la norma recientemente aprobada, el Ejecutivo todavía puede observarla finalmente queda en manos del Congreso la aprobación definitiva por insistencia. De esta manera, nos seguimos enfrentando a una especie de dictadura congresal donde sus integrantes son quienes deciden sin mayor oposición los destinos de diferentes sectores del país.
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