Lo invito a que, por un momento, mire hacia atrás. En la forma que usted quiera, piense en los últimos años, remontándose al periodo que desee. Verá como, en ningún momento, por dramático que sea, los colegiales corrían peligro en sus respectivos colegios. Inclusive en la época del terrorismo, los padres obtenían cierta tranquilidad al dejar a sus hijos en las escuelas. Hasta el terrorismo tenía códigos y no se metía con los niños que acudían a estudiar.
Todo eso ha cambiado. En estos días, solo en Lima, de 700 colegios particulares más de 300 piensan cerrar por la extorsión. “No es una cuestión de dinero” dice uno de los preocupados promotores. Es porque los extorsionadores amenazan la vida de directores, profesores, vigilantes y, aunque no lo crea, los niños. En algunos casos los delincuentes han solicitado 60 000 soles mensuales. Es el caso de un par de colegios de Comas, uno de los cuáles tiene 1200 alumnos. Para enfrentar esta situación y no arriesgar ni al personal ni a los niños los promotores han decidido dar clases virtuales, las cuales, como se ha dicho no contribuyen adecuadamente a la formación de los escolares y mucho menos a su desarrollo personal. Por otro lado, hay problemas colaterales. Existen grupos familiares en los cuáles ambos padres trabajan. Que los niños tengan que permanecer en casa va a complicar esta situación familiar. Es el costo de tener un gobierno mediocre hasta el infinito, con una presidenta que prefiere mantener a un individuo que ha fracasado totalmente en el ministerio del Interior, Juan José Santivañez.
La cifra a nivel nacional puede triplicarse. Se podría estar hablando de 1000 colegios privados que estarían evaluando acciones para enfrentar a los extorsionadores y que se sienten abandonados por las autoridades. Como señalaba, nunca se había visto esto. La situación de deterioro es cada vez mayor y quienes deben actuar no lo hacen convirtiéndose en cómplices. Es el caso del Congreso de la República en donde al ministro Santivañez lo protegen las bancadas del fujimorismo, Fuerza Popular, APP, increíblemente los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas (seguramente a cambio de algún trabajito para los colegas militares) y Renovación Popular.
El alcalde de Lima Rafael López Aliaga, inclusive, en algún momento quiso condecorar a Santivañez, en clara actitud de desprecio a lo que es el clamor popular que exige su cambio.
¿Cambiar a Santivañez es una opción? Por supuesto que sí. Un viejo aforismo indica que nada cambiará si nada cambia y la permanencia de Santivañez es sinónimo de incremento de la delincuencia. El Perú merece darse una oportunidad y eso significa cambiar de ministro y enfrentar con otras actitudes y liderazgo a la delincuencia.
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